Con 168 votos en contra, 148 a favor y 6 abstenciones, el Pleno de la Cámara Baja tumbó así la iniciativa del Grupo Catalán de CiU en la que se pedía impulsar "con la mayor celeridad posible", las modificaciones normativas necesarias para cumplir con el mandato del Constitucional.

En concreto, el tribunal dice que la orden de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de servicios sociales, familias y discapacidad, del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), "vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña".

Así lo explicó durante el debate ante el Pleno el portavoz de materia laboral y asuntos sociales de CiU en la Cámara Baja, Carles Campuzano, quien indicó que la sentencia del Constitucional argumenta en sus fundamentos jurídicos que "el Estado puede intervenir legítimamente, en la materia 'asistencia social', aún sin título competencial propio específico o genérico, a través de políticas subvencionales, pero que debe hacerlo de forma limitada".

Añadió, además, que "el Estado debe limitar su intervención en dos sentidos". Por un lado, solo ha de determinar el destino de las partidas presupuestarias correspondientes de forma genérica o global, por sectores o subsectores enteros de actividad.

Y, por otro, establece que los fondos subvencionales deben integrarse como un recurso que nutra la Hacienda autonómica, de manera que la asignación de fondos quede territorializada, a ser posible, en los mismos presupuestos generales".

Finalmente, la sentencia aclara, como señaló Campuzano, que "se considera competencia estatal la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional, mientras que se debe situar dentro de la competencia autonómica, lo atinente a su gestión. Es decir, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos".

SOBRE EL CONSENSO

El diputado argumentó que Cataluña está "amparada por la razón, política y constitucional", cuando exige al Gobierno que cumpla con la sentencia del TC, que, además, apuntó, goza de "consenso político y social".

Pero ese "consenso político y social" no lo ve el PP y así lo expresó durante el debate por boca de su diputada Susana Camarero, quien aseguró que las entidades del tercer sector, destinatarias de las subvenciones de las que habla la sentencia, no quieren un cambio en el modelo de reparto del dinero, al menos las que trabajan fuera de Cataluña.

Camarero aprovechó su turno de intervención también para matizar a Campuzano que la estimación que hace el Constitucional en la sentencia es parcial y, sobre todo, de forma, con lo que acusó al representante de CiU de hacer su propia interpretación del texto.

En este punto, el de la interpretación, coincidió con el Grupo Popular el Socialista, que por medio de su diputado José Sánchez afirmó que el PSOE admite y acata todas las sentencias, pero que no asume como propia la lectura que de ésta en concreto hace CiU.

Sánchez apostó por que sean todas las partes implicadas (Gobierno central, autonómico y entidades destinatarias de las ayudas) las que resuelvan situaciones como ésta, que no debería debatirse en el Parlamento.

DEBATE "EXTRAÑO"

De esta misma opinión dijeron ser Izquierda Plural, PNV y UPyD, grupos a los que les resultó "extraño" que el Congreso de los Diputados discuta sobre la conveniencia o no de pedir al Gobierno que cumpla una sentencia judicial.

Así, para Emilio Olabarría, del PNV, el debate sobre este punto es "extraño y enigmático", y para Laia Ortiz, de la Izquierda Plural, lamentable.

En sintonía con este parecer se mostró Irene Lozano, quien, además de este aspecto, abordó el que llamó "el doble rasero" de CiU. La diputada reprochó a Convergencia que pida al Estado que cumpla una sentencia judicial, cuando Cataluña se jacta de hacer caso omiso de mandatos jurídicos como los referidos a la lengua en las escuelas dictados por el Tribunal Supremo.