La desaparición de las expresiones “incapaz” y “minusvalía” del texto del Código Penal y la configuración legal de un nuevo concepto de “personas con discapacidad de especial protección” en el ámbito del derecho penal son avances relevantes que asumen un enfoque más nítido de derechos humanos, de acuerdo con lo que ordena el tratado internacional de la discapacidad.

Asimismo, sostiene el Cermi en un comunicado que "el cambio de regulación en materia de esterilización forzosa, no vinculándolo a discapacidad y para dirimir casos excepcionales donde se produce un conflicto objetivo de bienes jurídicos protegidos, supone una mejora notable respecto de la normativa vigente, que Naciones Unidas había calificado como contraria a la Convención de la Discapacidad".

El Cermi recuerda que había planteado la necesidad de estos cambios al Ministerio de Justicia "en negociaciones directas mantenidas en las últimas jornadas, en el proceso de interlocución y diálogo abierto tras la entrevista mantenida por la plataforma de la discapacidad con el ministro Gallardón el pasado mes de julio".