Según informó la Dirección General de la Policía, para celebrar los enlaces se llegaba a pagar cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 6.000 euros. Un intermediario ponía en contacto a las partes interesadas a cambio de una comisión.

En Barcelona, han sido detenidas 11 personas, inscribían una ficticia unión de hecho en uno de los registros municipales existentes, lo cual le daba derecho a los extranjeros a solicitar el Permiso de Residencia de Familiar Comunitario de la Unión Europa.

Los ciudadanos comunitarios hacían valer su condición a cambio de una “notable” cantidad económica que les abonaban los extranjeros, quienes, a su vez, presentaban pasaporte, certificado de soltería o declaraciones de estado civil falsos.

Por otro lado, en la trama de Tarragona ambas partes eran de República Dominicana y su modo de proceder era siempre el mismo y se basaba en relaciones de amistad e intercambio de favores. De las seis personas detenidas, tres de origen dominicano poseen nacionalidad española. Estas se trasladaban a su país de origen donde contraían matrimonio sin existir lazos efectivos.

Posteriormente, utilizaban esta unión para trasladar a España al supuesto cónyuge y a sus familiares directos alegando reagrupación familiar. Los otros tres arrestados eran las personas con las que contrajeron matrimonio.

A los detenidos que se les imputan delitos de falsificación documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, decretándose libertad con cargos para todos ellos a la espera de juicio.