Así lo indicó este miércoles en rueda de prensa el doctor Federico Pulido, del Hospital 12 de Octubre y autor del estudio elaborado por Gesida, presentado hoy en Madrid.

El doctor Pulido indicó, concretamente, que con los datos existentes, cabe esperar, siempre con "las mejores estimaciones posibles", que en el primer año de aplicación del decreto que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular fallezcan por sida entre 27 y 50 personas enmarcadas en este grupo poblacional.

La aplicación de la norma, tal y como está concebida, supondrá, asimismo, "siempre en una previsión a la baja", entre 38 y 68 nuevos episodios de enfermedades oportunistas y entre 33 y 58 casos más de complicaciones médicas asociadas al VIH entre los inmigrantes no regularizados.

Para hacer estos cálculos, los autores del trabajo han tenido en cuenta los datos de empadronamiento a fecha de 1 de enero de este año, que cifraba en 5,7 millones el número de extranjeros registrados en España. De ellos, 5,2 millones tenían sus papeles en regla, de lo que se deduce que unos 500.000 estaban en situación irregular.

Siguiendo la prevalencia de afectados por VIH entre la población inmigrante, que es un poco más elevada que en el resto de la ciudadanía, Gesida estima que habrá unas 4.600 personas infectadas que, según el decreto, no tendrán derecho a tarjeta sanitaria. Puesto que de ellas aproximadamente el 70% están diagnosticadas, serán unas 3.200 las que se puedan ver afectadas por la norma.

De estos 3.200 ciudadanos, el Grupo de Estudios del Sida calcula que podrían fallecer entre 27 y 50 en el primer año de aplicación del decreto, cuando las "consecuencias nocivas" de la ley no habrían llegado a su máxima expresión.

A partir del primer año, la tasa de mortalidad aumentará rápidamente y podría llegar a niveles de los 90, donde en algunas cohortes de pacientes era de entre 12 y 15 muertes por 100 enfermos/año, explicó Pulido.

En la misma línea, subrayó que los daños de la medida no solo repercutirán sobre la población afectada, pues podría producir, "en el más prudente de los escenarios", un incremento de entre 324 y 580 nuevas personas infectadas por VIH, únicamente en el año siguiente a la entrada en vigor del decreto.

DATOS ECONÓMICOS

A juicio de Gesida, un grupo de estudios perteneciente a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular no será tan rentable como ha calculado el Gobierno.

El coautor del estudio dijo que de los 12.240.000 a 21.896.000 euros que podría suponer el ahorro directo en antirretrovirales al eliminar esta prestación a los inmigrantes en situación irregular, habría que restar entre 6.543.945 euros y 11.706.390 euros por los costes hospitalarios derivados que se producirán (el decreto sí permite la hospitalización de estos enfermos).

Considerando otros gastos que se derivarán de la desatención de los inmigrantes irregulares con VIH, el estudio concluye que es muy probable que "los costes reales, sobre todo a medida que transcurra el tiempo desde la entrada en vigor del decreto, sean muy superiores a los descritos previamente y se incrementen progresivamente aumentando los gastos sanitarios a medio o largo plazo.

Puesto que el Grupo de Estudios del Sida entiende que el trabajo presagia "consecuencias nocivas" para las personas con VIH que no tengan sus papeles en regla y para la salud pública en general, está manteniendo contactos con representantes de los grupos políticos para explicárselo.

En cualquier caso, Juan Berenguer, secretario de Gesida, confía en que el Ejecutivo comprenda la situación y "dé marcha atrás" a la medida o no la aplique tal y como está recogida ahora en la norma.

A este respecto, Gesida y la Seimc pidieron a Gobierno y comunidades autónomas que marquen una "directiva clara" sobre la aplicación del decreto, pues, a su parecer, no la hay.