Así lo asegura en un documento de 33 folios titulado "Las reformas del Gobierno de España. Determinación frente a la crisis", en el que hace balance de todas las medidas adoptadas en ocho meses de mandato y expone sus propósitos para lo que queda de año.

El Ejecutivo presume de afrontar "con determinación la crisis económica" y asegura que "seguirá adoptando las decisiones internas que sean necesarias para hacer frente a la misma".

No obstante, para ello exige "la misma determinación en la adopción de medidas en la Unión Europea para avanzar hacia una mayor integración que recupere los principios de estabilidad, crecimiento, solidaridad y cohesión, que han inspirado su construcción".

El Gobierno de Rajoy cree que la unión bancaria y fiscal de la UE es el camino para resolver los actuales problemas de países como España e Italia para refinanciar su deuda, así como para evitar que en el futuro se repita una crisis de estas características.

Por eso, apuesta por llevar a cabo la unión fiscal "gradualmente por etapas", de manera parecida al proceso que comenzó con el Tratado de Maastricht en 1992 y que permitió instaurar el euro como moneda única en los países miembros.

La primera etapa obligaría a los Estados a "cumplir con ciertos criterios de convergencia fiscal y económica, incluyendo una sólida trayectoria de consolidación fiscal y reformas estructurales". A cambio, la UE emitiría "euroletras a dos años, con garantía limitada a un porcentaje".

En la segunda etapa, sólo participarían los países que hubieran demostrado "progresos durante el periodo anterior" y se crearía

"una Autoridad Presupuestaria Europea que tendría más capacidad de supervisar la ejecución del presupuesto, estaría a cargo de recomendar objetivos y orientación de la política fiscal y de coordinar la emisión de deuda".

Como contraprestación, la UE comenzaría a "emitir deuda europea a medio y largo plazo para cubrir parcialmente las necesidades de los estados miembros de forma mancomunada", aunque la mayor parte de la deuda "seguiría emitiéndose por los Tesoros nacionales".

A la tercera y última etapa accederían sólo los países que cumplieran con todas las obligaciones y demostrasen "una convergencia significativa de sus diferenciales de deuda soberana en relación a los países con mejores resultados".

"Esta fase implicaría que los objetivos de política fiscal se decidirían de forma conjunta por la zona euro, la ejecución de la política fiscal y las emisiones de deuda se encomendarían a la Autoridad Presupuestaria Europea", expone el Gobierno. A cambio, "la deuda emitida por la Autoridad Presupuestaria Europea estaría garantizada de forma solidaria".

En su balance de mandato de estos ocho meses, el Gobierno de Rajoy presume de estar haciendo todo lo necesario para ajustar el déficit público y sanear los problemas de la economía española, en especial con una reforma financiera "sin parangón en la UE".

Asegura que las medidas aprobadas hasta ahora ponen de manifiesto que "está afrontando con determinación la crisis económica" y presenta la mayoría absoluta de la que dispone en el Congreso de los Diputados y en el Senado como "una garantía adicional para la adopción de medidas y para hacer frente con éxito a la crisis económica".

El Ejecutivo enumera sus reformas en tres frentes (ajuste presupuestario y consolidación fiscal, reformas estructurales para la competitividad y reformas financieras) y se muestra convencido de que a final de 2012 cumplirá con el objetivo del 6,3% autorizado por la Unión Europea.

En los cuatro meses que quedan de año, se compromete a llevar al Parlamento un total de 20 proyectos legislativos, como los de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el Mecanismo de Financiación Territorial, la Ley de Acción Exterior del Estado, la reforma del sistema de pensiones, la Ley de Reforma Energética, la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, la Ley de liberalización de Servicios Profesionales, la Ley de Unidad de Mercado, la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y la modificación de la Ley de Costas.