En declaraciones a Servimedia, Llarena agradeció el “gesto adecuado” de Dívar remarcando que se produce en un contexto en el que finalmente se hubiera podido decidir que tenía “derecho” a cobrar esa indemnización de 208.243 euros.

Según el portavoz, esta pensión compensatoria no resultaría “procedente” dado que Dívar no cumplió, “por decisión personal”, con la tarea para la que había sido designado.

Desde la APM siempre se han mostrado contrarios a que hubiera podido acceder a dicho cobro porque, según Llarena, “no se justifica” en las personas que han dimitido, como es el caso de Dívar.

La asociación de magistrados pide “acabar con este tipo de indemnizaciones”. Creen que los políticos y cargos públicos con frecuencia presumen de tener unos sueldos “discretos” cuando en el fondo se está “maquillando” la realidad mediante este tipo de percepciones posteriores. Por ello, abogan porque a las personas que desempeñan funciones públicas de “alta responsabilidad” se les fije un “sueldo coherente” y luego dejen de recibir cobros como el que hasta el día de ayer había solicitado Dívar.