El citado impuesto, establecido en agosto de 2002 y que supone un recargo adicional en el precio que paga el consumidor al repostar se aplica exclusivamente en la Comunidad de Madrid, lo que, según Fenadismer-Madrid, "está perjudicando gravemente a las empresas madrileñas de transporte por carretera (más de 150.000 pesetas por camión y año), lo que las sitúa en una situación competitiva muy perjudicial frente a empresas de transporte de otras comunidades autónomas".

Según Fenadismer-Madrid, que agrupa a unas 4.500 empresas de transporte por carretera, "tanto el candidato del PSOE, Rafael Simancas, como la del PP, Esperanza Aguirr, mostraron en su día su disconformidad con dicho impuesto autonómico".