El portavoz de Facua, Ruben Sánchez, indicó en un comunicado que “el Gobierno pretende fomentar el alquiler de la misma forma que el empleo, facilitando que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones”.

Para la organización, “los inquilinos ya no podrán tener la tranquilidad de que sus contratos de alquiler”, al reducirse el plazo de prórroga obligatoria de cinco a tres años.

Se trata, según Facua, de un nuevo recorte de derechos para los usuarios en beneficio de los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos para arrendar los inmuebles a un precio más alto.