De esta forma, tendrán acceso a la atención sanitaria pública de Navarra siempre y cuando acrediten al menos un año de residencia en la comunidad, falta de recursos económicos e inexistencia de antecedentes penales.

Así lo ha acordado el Ejecutivo regional en su sesión de Gobierno de este miércoles, por lo que estas personas, según se especifica en una nota de prensa, podrán acceder a un servicio sanitario integral, como el resto de la ciudadanía. Por tanto, tendrán garantizada la asistencia sanitaria en todo tipo de centros y especialidades, la prestación farmacéutica o el transporte sanitario, entre otros servicios.

Para hacer posible esta prestación, el Gobierno autonómico tramitará simultáneamente dos mecanismos. Por un lado, el Departamento de Salud va a actualizar el decreto foral que desde 1996 establece las tasas de acceso al régimen universal de salud de Navarra para los colectivos excluidos del Sistema Nacional de Salud.

Esta actualización se realizará conforme al criterio establecido por el Gobierno Central de crear dos tasas para los menores y mayores de de 65 años. No obstante, en Navarra la aportación se ajustará a los costes reales del sistema sanitario foral.

En concreto, las tasas serán de 764,46 euros anuales para las personas entre 18 y 64 años (los menores tienen garantizado el acceso al Sistema Nacional de Salud) y de 2.675,62 euros para las de más edad, frente a los 710,40 euros y 1.864,80 establecidos en el Estado, respectivamente.

Simultáneamente, el Departamento de Políticas Sociales habilitará una línea de ayudas para sufragar íntegramente las cuotas establecidas por el Servicio Navarro de Salud. En este sentido, contempla un desembolso de 1.684.000 euros para atender a los 2.150 inmigrantes en situación irregular mayores de 18 años.

La puesta en marcha de ambas medidas se dilatará, según informó el Gobierno en un comunicado, hasta el mes de octubre. Hasta entonces, las personas sin recursos seguirán siendo atendidas en las mismas condiciones que hasta la fecha.