Tras conocer la decisión sobre el preso, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, la AVT denunció que el Gobierno "ha cedido al chantaje iniciado por ETA mediante la presión de las huelgas de hambre de sus presos con una decisión que supone un daño quizás irreversible a la lucha contra el terrorismo y desvanece las posibilidades de alcanzar una derrota total de los terroristas".

La AVT subraya que el artículo 92 del Código Penal y el 104.4 del Reglamento Penitenciario establecen que la libertad condicional por motivos humanitarios para los enfermos terminales "no es automática".

"No es un derecho del preso, sino una gracia que se le concede y para la cual deben cumplir una serie de requisitos: haber observado buena conducta y pronóstico favorable de reinserción".

Considera "más que evidente" que Uribetxeberria no ha cumplido ninguno de los dos requisitos, y denuncia "una pésima y lamentable gestión de la cuestión", empezando por el traslado del preso desde León al País Vasco.

Eso, en opinión de la AVT, "favoreció que el caso fuera utilizado por ETA como chantaje al Gobierno para lograr una flexibilización de la política penitenciaria". "Esta cesión a los terroristas es una victoria para ETA y como tal lo venderá a su entorno", advierte.

Además, cree que se ha sentado un "precedente nefasto" en la lucha antiterrorista y la política penitenciaria, ya que el entorno de ETA "ya ha anunciado más huelgas de hambre y se convertirá en algo habitual en los próximos meses".

La AVT lamenta que la firmeza reclamada al Gobierno "no llega", y advierte de que "ceder al chantaje y a los desafíos de ETA supone un daño irreparable a la democracia y al Estado de Derecho".