En un comunicado, el Consejo aclara que es el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la única entidad estatal con plena competencia para decidir y determinar qué personas pueden acceder a las prestaciones sanitarias con cargo a los fondos públicos y, ante ello, el Estado de Derecho podrá exigir el cumplimiento y acatamiento de las normas que se dicten en dicha materia.

A su juicio, con independencia de la valoración favorable o no que pueda suscitar esta nueva norma, los profesionales sanitarios están obligados al cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, esta organización indica que cualquier discrepancia con el real decreto del Gobierno debe hacerse valer a través de los cauces y con los procedimientos establecidos legalmente, incluyendo, por supuesto, los recursos pertinentes en la vía judicial contencioso-administrativa.

"Pero entre esos cauces" advierte, "no se encuentra la objeción de conciencia, porque la misma responde a un conflicto entre el deber del objetor a obedecer a su conciencia y el de ese mismo objetor, en tanto profesional de la sanidad, a atender sus obligaciones como funcionario o empleado público, supuesto que, en principio, no parece darse en el real decreto comentado".

Dada su caracterización constitucional y legal, la objeción de conciencia sólo puede considerarse como un derecho individual, nunca colectivo.