Según indicó Facua en un comunicado, se trata de "una amenaza de ilegalización por expresar nuestras críticas contra los recortes en sanidad, educación y justicia”, por lo que solicita la actuación de Durao ante lo que a su juicio supone “un grave recorte en las funciones de las asociaciones de consumidores”.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aseguró hace unos días que en ningún caso ha amenazado a Facua, y explicó que sólo le ha recordado la necesidad de cumplir una serie de requisitos por estar inscrita en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

El presidente de Facua, Paco Sánchez Legrán, afirmó que se trata de “un atentado contra los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho de asociación, inadmisible en una democracia y por supuesto en un Estado miembro de la UE”.

“Desde Facua, consideramos que el Gobierno de España está realizando una interpretación absolutamente restrictiva de la legislación vigente en materia de protección de los consumidores de nuestro país, al considerar que las organizaciones de consumidores que defiendan a los usuarios de los servicios sanitarios o de educación se están extralimitando en sus funciones legales, enmascarando así la intolerancia del Gobierno”, denuncia la organización en la misiva enviada al presidente de la Comisión Europea.