Cáritas expresó este miércoles su “honda preocupación” por el impacto que tendrá en las personas más vulnerables la aplicación de esta medida.

“Las decisiones del Gobierno están siendo tomadas sin una reflexión que permita la evaluación del impacto sobre el sistema de garantías de derechos en el que se sustenta la sociedad, ni de su repercusión sobre los ciudadanos más débiles, a los que también el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales, ya que afecta a un cambio de modelo que desprotege aún más si cabe a las personas más vulnerables”, señaló la entidad.

“Seguimos pensando que supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas, aumentando la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social. Además, la exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular va a añadir un sufrimiento muy severo a un colectivo especialmente vulnerable”, indica.

Asimismo, considera que se trata del inicio de una dualización del sistema sanitario, que supone, a su juicio, ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta según el grupo de población al que se pertenezca.

Además, señala que, de manera no explícita, “se están sentando las bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables, que pone en cuestión la garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención sanitaria”.