Según publicó este martes la edición digital del diario El País, el Ministerio de Sanidad planea crear, bajo el nombre de convenios especiales, una vía para que los inmigrantes irregulares puedan ser atendidos en el sistema público. El método elegido es que se puedan suscribir a través de una tasa.

La orden que propone el Gobierno establece, según el diario, que las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes).

El secretario general de la OMC, el doctor Serafín Romero, declaró a Servimedia que “el deber ético y deontológico de los médicos es atender a toda persona que acuda a su consulta demandando un problema de salud y, además, por el hecho de ser profesionales de la salud debemos velar por la sanidad pública de todos y ésta se puede ver alterada si disminuimos o no facilitamos la accesibilidad a la sanidad pública de los ciudadanos en situación irregular”.

“No estamos de acuerdo con que a los ciudadanos sin papeles se les aplique una tasa. Además, según informó el Ministerio de Sanidad en un comunicado de prensa, había que estar un año empadronado en España para poder acceder al pago, y si uno es irregular no acabamos de entender ese tema”, añadió.

Según la citada información, Sanidad insiste en que restringir el acceso ahorrará hasta 1.500 millones, pero el doctor Romero concluyó que “poner tasas económicas a los inmigrantes irregulares generará problemas de salud, porque tendremos que atenderlos en estado urgente o cuando sus enfermedades estén muy avanzadas y esto supondrá un mayor coste económico”.