Tras comparecer ante la Comisión de la Dependencia de la Asamblea de Madrid, comentó que esta sentencia establece que los ciudadanos a los que no se respondiera en el plazo de seis meses quedan reconocidos como beneficiarios de una ayuda de dependencia y explicó que “en un país donde hay 17 comunidades que van a 17 velocidades distintas es importante no sacar una ley de ámbito estatal así, por las buenas, para que las comunidades lo regulen como quieran".

A su juicio, la Ley de Dependencia “tendría que haber sido regulada coherentemente, si de verdad queremos dar un derecho subjetivo a las personas con discapacidad”.

Font explicó que no tiene datos sobre el número que se pueden ver afectadas por esta sentencia judicial y dijo que al Cermi “llegan mucha demandas de personas que reclaman que no les han contestado”.

Asimismo, afirmó que su entidad defiende la gratuidad de los servicios para las personas discapacitadas, como establece la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2003.