Los técnicos consideran que el aumento de la prescripción penal podría convertirse en “un brindis al sol” si correlativamente no se aumenta el plazo vigente de cuatro años para poder descubrir dichos delitos.

En este sentido Gestha recordó que el Gobierno remitió a las Cortes el proyecto de ley contra el fraude fiscal “sin atender esta petición” de los técnicos.

Asimismo, señalaron que el agravamiento de las penas debería trasladarse también a las sanciones tributarias, ya que de lo contrario “se estará aumentando una brecha injustificada entre las infracciones administrativas y penales”, y afirmaron que podrían aflorar una mayor cuantía de economía sumergida si se ampliase el plazo máximo de duración de las investigaciones tributarias.

De igual forma, indicaron que la modificación del Código Penal “debería hacerse extensiva a todos los delitos fiscales en lugar de limitarse a crear tres subtipos agravados para los delitos contra la Hacienda Pública”, en los que la cuantía defraudada supere los 600.000 euros, se recurra a paraísos fiscales o se atente contra la Seguridad Social a través de "empresas fantasma" que simulan contratar a trabajadores.

Por otra parte, Gestha pidió al Gobierno que equipare las medidas destinadas a luchar contra la evasión fiscal y laboral ya que a su juicio es "incomprensible" que el umbral para considerar algunos delitos contra la Seguridad Social se rebaje de 120.000 euros a 50.000 euros, mientras que el umbral para tipificar algunos subtipos de los delitos contra la Hacienda aumente de 120.000 euros a 600.000 euros.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "este tipo de divergencias responden a los diferentes enfoques que los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, por un lado, y Empleo y Seguridad Social, por otro, mantienen en la lucha contra el fraude; divergencias que no se han unificado en los respectivos proyecto de ley", apuntó.