La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó la Ley de Transparencia en la rueda de prensa posterior al Consejo como "un cambio de mentalidad" y "una nueva filosofía de lo público" que se aplicará a todas las administraciones, órganos constitucionales de acción administrativa y las sociedades mercantiles con participación pública de más del 50%.

Esta norma, que ya había sido aprobada, ha incorporado novedades sobre el texto inicial tras recibir el beneplácito del Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos. En particular, por medio de una reforma del Código Penal que figura como parte complementaria orgánica de la Ley.

Sáenz de Santamaría se congratuló de haber podido reforzar en este complemento la respuesta penal a la mala gestión de los recursos públicos, desde la ocultación o falseamiento de las cuentas hasta las "facturas guardadas en el cajón", pasando por la contratación de créditos sin fondos con los que pagarlos.

Así, cuando el falseamiento u ocultación de las cuentas públicas "causen un perjuicio económico a la Administración", anunció, el delito podrá ser castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años además de la inhabilitación de tres a diez.

Además, a través de una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, una sanción muy grave en el incumplimiento de la Ley de Estabilidad podrá castigarse con la ineligibilidad para tales cargos, posibilidad ésta que habría sido avalada también por los órganos consultivos.

La vicepresidenta destacó de la nueva norma que hará públicos todos los pasos de la contratación pública y que concienciará a los responsables políticos de que ocultar facturas podrá determinar su sustitución. Un aspecto que relacionó tácitamente con el anterior Gobierno socialista al justificar la medida por que "luego nos encontramos con el 9%", en referencia al déficit final que registró 2011 en lugar del 6,5% anunciado por el último Ejecutivo.