Así lo anunció este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también informó de que la Inspección detectó 3.211 empresas que estaban dando empleo a trabajadores que cobraban una prestación por desempleo.

En total, la Inspección detectó 4.379 personas que estaban compatibilizando de forma ilegal un empleo con el cobro del paro, lo que representa un 38,5% más que en 2011.

Asimismo, la vicepresidenta destacó los “resultados llamativos” que ha logrado la Inspección en las actuaciones contra empresas ficticias. En este sentido, apuntó que se han detectado 809 infracciones de empresas, más de seis veces más que hace un año, y se han anulado 14.376 altas con contratos falsos, más del doble que en 2011.

FRAUDE LABORAL

La vicepresidenta del Ejecutivo apuntó también que el Consejo de Ministros ha aprobado, tras su paso por los órganos consultivos, los planes de lucha contra el fraude laboral, fiscal y contra la Seguridad Social.

El plan de lucha contra el fraude relacionado con el mercado de trabajo, que recibió las críticas del Consejo Económico y Social por ser “insuficiente, genérico y equívoco”, incluye distintas medidas para tratar de aflorar el empleo sumergido y perseguir a los que cobran prestaciones de forma ilegal.

Sáenz de Santamaría subrayó que este plan está dirigido “contra el que piensa que es más listo que nadie porque está trabajando y cobrando el paro a la vez”, algo que “no es admisible en ningún momento y menos en un momento en el que todos estamos contribuyendo”.

“Nadie puede ir de listo por la vida, pensando que ha conseguido burlar al resto de ciudadanos”, advirtió la vicepresidenta.

Entre las medidas incluidas en este plan, la vicepresidenta apuntó la decisión de ampliar de 1 a 3 años del plazo para exigir responsabilidad subsidiaria en casos de subcontratación, incentivar la colaboración de la inspección con otros organismos con datos e incrementar el plazo de actuación de las investigaciones.

Asimismo, el Ejecutivo ha llevado a cabo una “vuelta de tuerca” a la tipificación de las infracciones, incluyendo como graves la no cotización por salarios de tramitación y por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; y como muy grave dar ocupación a trabajadores en situación de suspensión de contrato, o emplearlos a jornada completa cuando están afectados por una reducción de jornada. También se estipula como muy grave comunicar fuera de plazo o no comunicar las variaciones de datos relevantes a la Seguridad Social.

FRAUDE FISCAL

En cuanto al plan sobre el fraude fiscal, el Gobierno establece que se debe actuar con “más contundencia” en los casos en los que la cuota defraudada supere los 600.000 euros o se lleve a cabo la infracción a través de una banda criminal, mediante testaferros o utilizando paraísos fiscales. En estos casos, la pena se eleva a 6 años y la prescripción del delito a 10 años.

elevando la pena 6 años y prescripción 10 años.

También se modifica el proceso de la sanción. Hasta ahora se paralizaba el cobro de los pagos no realizados mientras se dictaba la sentencia, lo que daba tiempo al defraudador a liberarse de todos sus bienes para no tener que pagar. Sin embargo, a partir de ahora se seguirá con el proceso de cobro durante la instrucción del proceso penal.

En los casos de fraude en el pago del IVA, se establece que cuando supere los 120.000 euros no habrá que esperar otros trámites para perseguir estas tramas.

Por último, el Ejecutivo ha agravado los delitos de fraude contra la Seguridad Social para aquellos casos que superen los 50.000 euros o los que utilizan sociedades.

Asimismo, se perseguirán penalmente a los que defrauden con las prestaciones de la Seguridad Social independientemente de su cuantía y se endurecen los delitos contra los trabajadores, sobre todo en los casos de contratación masiva de forma irregular o de extranjeros sin autorización.