En declaraciones a Servimedia, Barreda recordó que, aunque los comicios se celebraran en marzo de 2013, el censo se cierra meses antes, y además al PP le gustaría consensuar con el PSOE todos los detalles de la reforma, por lo que asumió. "Evidentemente no llegamos".

Por tanto, la primera cita electoral donde podrían votar los vascos desplazados por la presión de ETA sería la de las europeas, que es justo cuando menos importa porque las papeletas se computan igual se vote donde se vote.

En cualquier caso, Barreda aseguró que al PP esto no le preocupa y que no impulsa la reforma "pensando en mayorías políticas", puesto que ni siquiera sabe cuántas personas se acogerán a esta posibilidad de las "potencialmente decenas de miles" que podrían hacerlo, sino sólo por el restablecimiento de los derechos democráticos de los afectados.

En su opinión, "sería muy difícil" explicar que el nieto de una persona que tuviera que marcharse de España en la Guerra Civil o en la posguerra y no tenga ninguna intención de volver a su tierra tenga derecho al voto y en cambio no se le reconozca al hijo o al nieto de un amenazado por ETA que viva en Cantabria desde hace sólo 20 años.

"ALTERACIÓN DEL CENSO"

A este respecto, el portavoz popular contestó a los partidos nacionalistas vascos, que han denunciado la supuesta "alteración del censo" que supondría dejar votar a los exiliados, puntualizando que lo que se hará es precisamente "corregir" la alteración provocada por ETA y que ellos "jalearon" durante muchos años.

Para Barreda, el informe del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que avala la intención del Gobierno "despeja todo tipo de dudas" sobre la viabilidad jurídica de la reforma.

Aunque admitió que algunos detalles como el tiempo de empadronamiento exigido son debatibles, confió en que el PSE, que antes apostaba por favorecer el regreso al País Vasco de los afectados, acepte en que esto es más sencillo y se limite a exigir garantía para evitar fraudes.

"Ahí hay terreno para el encuentro y el acuerdo", subrayó, considerando necesario ese consenso entre los grandes partidos para impedir futuras impugnaciones de resultados.