El texto entregado por el Govern que preside Artur Mas propone "un modelo de financiación propia y bilateral", a partir del contenido de las conclusiones de la comisión de estudio de un nuevo modelo de financiación basada en el concierto económico.

Esta comisión se constituyó el 3 de junio de 2011, y lo integraban trece diputados y cinco miembros del gobierno. Tras comparecer más de una treintena de especialistas en temas jurídicos, fiscales y tributarios, y modelos de financiación, finalmente, la comisión aprobó las conclusiones a final de octubre, con el apoyo de CiU, ICV-EUiA y ERC en casi todos los puntos.

La propuesta que el Gobierno catalán presentó al pleno de este miércoles defiende que la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los tributos estatales que se pagan en Cataluña corresponda a la Agencia Tributaria de Cataluña, salvo los de naturaleza local.

Así mismo, que la agencia disponga de plena capacidad y atribuciones para organizar y ejercer las funciones propias de la gestión tributaria, y que pueda colaborar con la administración tributaria del estado; y que la Generalitat pueda disponer de capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos estatales que se pagan en Cataluña en el marco de las competencias del estado y de la Unión Europea.

El nuevo modelo contempla también el establecimiento de una cuota de devolución al Estado, acordada bilateralmente y revisable quinquenalmente, por el coste de las competencias o servicios comunes del Estado que afectan Cataluña, y en concepto de cooperación interterritorial.

Para determinar la aportación a la solidaridad, hará falta, según esta propuesta, "aplicar un límite económico", en el sentido de que "Cataluña no puede perder capacidad fiscal una vez hecha la contribución a la solidaridad", y un "límite cualitativo", de forma que "los recursos se tendrían que destinar a las políticas más básicas del Estado de bienestar".

El texto también incluye que los nuevos recursos que genere el nuevo modelo se tendrían que destinar de manera prioritaria a financiar las políticas básicas del Estado de bienestar, a políticas de fomento del crecimiento económico y de creación de ocupación, y al cumplimiento de la legislación catalana en materia de limitación del déficit y reducción del endeudamiento.

La propuesta plantea que el Ejecutivo catalán inicie un proceso de negociación con el gobierno español del nuevo modelo de financiación dentro de este año 2012, y que se cree un grupo de trabajo "con capacidad decisoria" para hacer el seguimiento de esta negociación con el Estado.