La iniciativa, firmada por los diputados José Luis Centella (IU) y Laia Ortiz (ICV) y a la que tuvo acceso Servimedia, propone que para la creación de dicho banco se realice un estudio sobre las tierras propiedad del Estado que pueden ser incluidas en dicha entidad.

Asimismo, insta al Gobierno “a negociar con los propietarios de tierras abandonadas o subexplotadas”, para incluirlas también en el Banco de Tierras. Además, propone la constitución de un grupo de trabajo con representantes del Ministerio de Agricultura, sindicatos, cooperativas y patronales agrarias.

Este grupo de trabajo, añade la proposición, debería presentar, en un plazo de tres meses, una propuesta para su debate en la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados “sobre el funcionamiento de este Banco de Tierras y las formas de gestión de las tierras cultivadas en forma cooperativa”.

En la exposición de motivos, Centella y Ortiz argumentan que “en la actualidad existen extensiones de tierras en propiedad del Estado, muchas de ellas encomendadas al Ejército, que podrían ser dedicadas a uso agrícola y cultivadas por cooperativas”.

Eso permitiría, añade la iniciativa, “en estos tiempos de crisis”, crear "un instrumento para combatir el altísimo nivel de paro existente en las zonas rurales”.

DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN

“El Banco de Tierras sería el organismo institucional encargado de redistribuir los terrenos agrícolas de forma que se adecuen lo más posible para el desarrollo y modernización agraria y social del campo”, señalan.

Los destinatarios de la actividad del Banco de Tierras serían cooperativas agrarias que pretendan aumentar su base territorial, así como “jóvenes que quieran dedicarse a la actividad agrícola en zonas afectadas por el envejecimiento o el éxodo rural”.

También permitiría, en colaboración con las cooperativas que trabajen las fincas incluidas en el Banco de Tierras, el establecimiento de campos de investigación y experimentación agraria gestionados directamente por la comunidad autónoma correspondiente.