Los fiscales Anticorrupción encargados del caso, Alejandro Luzón y Luis Rodríguez, argumentaron además que las acusaciones ejercidas por UPyD y por un grupo de pequeños accionistas aglutinados bajo la representación del movimiento 15-M no están legitimadas para solicitar la medida cautelar, según explicaron fuentes jurídicas.

El Ministerio Público explicó su postura en la vista celebrada por el instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, para estudiar la intervención de Bankia.

Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que el magistrado no resolverá sobre la intervención este miércoles, sino que lo hará en los próximos días, probablemente a finales de semana.

CRITERIOS CONTABLES

La vista, que se inició el lunes pero fue finalmente aplazada hasta hoy tras las peticiones de prueba, arrancó esta mañana con la toma de declaración del representante legal de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Esta persona, que ha representado de forma conjunta a ambas entidades, aseguró que el hecho de que Bankia pasase de unos días de presentar unas cuentas con unos beneficios de 305 millones de euros a reconocer unas pérdidas de 2.979 millones no se debió a un cambio de criterio contable, sino que fue fruto de los cambios legislativos, según explicaron fuentes jurídicas. “Fue una modificación de estimación”, señaló.

El representante legal, jefe de los servicios jurídicos de la entidad desde mayo de 2012, defendió la actuación del anterior Consejo de Administración y señaló que los actuales gestores no consideran necesario analizar la gestión de sus predecesores, ahora imputados.

Esta persona también reconoció que el expresidente Rodrigo Rato tenía un plan de saneamiento alternativo cuando presentó las cuentas, algo que consideró “compatible”, y dijo que no se percibe ningún error en la fusión que dio lugar a Bankia en el año 2010.

INTERVENCIÓN “LETAL”

Las defensas de los 33 imputados se adhirieron a los argumentos de la Fiscalía en su oposición a la intervención de la entidad. Todos ellos defendieron que sería una medida irresponsable y perjudicial de la entidad.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), personado en la causa, señaló por su parte que la intervención sería una especie de desconfianza hacia la gestión del Estado. La intervención “sería letal”, dijo el representante del FROB.

Tanto el abogado de UPyD, Andrés Herzog, como el del movimiento 15-M, Juan Moreno Yagüe, defendieron en cambio la intervención judicial de la entidad para evitar nuevos perjuicios a los accionistas, trabajadores y acreedores de la entidad.

Herzog argumentó que el actual Consejo de Administración no es independiente del anterior, por lo que existe un riesgo de destrucción de pruebas y de que se perpetúe el perjuicio para los accionistas y trabajadores.

INTERROGATORIO A RATO

El juez Andreu accedió el pasado lunes a tomar declaración a los representantes legales de Bankia y BFA, pero rechazó interrogar a Rodrigo Rato, imputado en la causa, en el marco de la vista para determinar si se interviene la entidad. Rato, por lo tanto, no comparecerá ante el juez hasta que no sea llamado a declarar en calidad de imputado, algo que sucederá probablemente hasta la vuelta del verano.

El magistrado también decidió incorporar a la pieza de medidas cautelares varias pruebas documentales solicitadas por las acusaciones ejercidas por UPyD y el movimiento 15-M, entre las que se destaca el memorándum del rescate bancario aprobado la pasada semana por el Eurogrupo y en el que se detallan las condiciones de la ayuda a España.

33 IMPUTADOS

El juez Andreu abrió la investigación contra los exresponsables de Bankia y BFA el pasado 4 de julio, cuando admitió a trámite la querella interpuesta por UPyD. Una semana más tarde aceptó la presentada por el movimiento “15MpaRato”.

En la causa están imputados por el momento un total de 33 miembros de los últimos consejos de administración de Bankia y de BFA, entre los que destaca Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Ángel Acebes y Francisco Verdú.

El magistrado les imputa delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar precio cosas y apropiación indebida, aunque a lo largo de la instrucción se concretarán los delitos que se atribuyen a cada uno de los imputados.

El juez destacó en el auto de admisión a trámite que la presunta estafa de Bankia habría podido producir “una grave repercusión en la economía nacional , así como un perjuicio a una generalidad de personas”, ya que la entidad bancaria tiene “suma relevancia en el sistema financiero español, al tratarse del cuarto banco más grande de España en volumen de activos, con más de 11 millones de clientes”.