Así lo ha concluido el Centro de Estudios Jurídicos y Constitucionales (CEPC), cuyo presidente, Benigno Pendás, entregó este miércoles su dictamen al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Durante una comparecencia conjunta en la sede de Interior, el ministro destacó que los expertos han concluido que es “viable” legalmente que los “exiliados” vascos y navarros puedan votar en las elecciones de su comunidad de origen.

Fernández Díaz se felicitó del veredicto de los juristas y señaló que la reforma será promovida ahora por el Gobierno. Sin embargo, destacó que los cambios legales se harán sin prisas y buscando el “máximo nivel de consenso” con las fuerzas parlamentarias. Apuntó, en este sentido, que se buscará el acuerdo con PSOE y PNV, aunque no se negociará en ningún caso con Bildu.

Estas negociaciones harán, según el ministro, que sea “muy difícil” que la reforma esté vigente para las próximas elecciones vascas, que tendrán lugar el año que viene como muy tarde. Según Fernández Díaz, el Ejecutivo no quiere promover esta modificación legal por “vía de urgencia”, lo que da “autoridad moral” y un “plus de credibilidad” a lo que se está planteando.

El responsable de Interior remarcó que dar el voto a los “exiliados” por la violencia terrorista es una “exigencia de justicia democrática” y una medida necesaria en un “escenario post-ETA”. Sin embargo, insistió en que para que se aplique queda “mucho camino por delante”.

“SUFRIR LA PRESIÓN DE ETA”

En cuanto a las conclusiones de los expertos, Pendás explicó que los juristas que han analizado el asunto han concluido que es constitucional el voto de los exiliados vascos y que podría hacerse efectivo mediante una reforma de la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General).

Según Pendas, el grupo de expertos ha planteado en su informe de el voto de los “desplazados” y navarros podría llevarse a la práctica introduciendo “un solo artículo” en la Loreg. Se plantea permitir el voto a los vascos y navarros que hayan residido al menos cinco años en su tierra de origen entre el 15 de junio de 1977 y el 31 de diciembre de 2011.

Como paso previo, los afectados deberían firmar una “declaración” en su oficina del censo, en la que asumirían que se marcharon de las comunidades vasca y navarra “por la presión de la violencia terrorista”. Este trámite les incluiría directamente en los censos electorales del País Vasco y Navarra.

Otro aspecto es que esta solicitud de voto en el País Vasco y Navarra se podrá pedir una vez y dar de baja también sólo una vez. El trámite debería hacerse en los seis meses posteriores a la aprobación de la reforma y del reglamento electoral consiguiente. Otra cuestión que volver a censarse en territorio vasco o navarro no supondría la pérdida de otros derechos en el lugar de residencia, puesto que estos dependen del padrón municipal.