CSI-F explicó este martes que ha informado de este caso a la Dirección General de Justicia de la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid.

En concreto, este sindicato de funcionarios asegura que la presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, Ana María Ferrer García, ha concertado “con una entidad privada de ‘parking’, cercana al edificio de la Audiencia Provincial Civil, una serie de plazas de garaje para utilización, única y exclusivamente de los magistrados”.

Según el sindicato denunciante, este nuevo servicio “se ha establecido no para la sede de la Audiencia Provincial, lo que incluiría a todos sus funcionarios, sino exclusivamente en beneficio de un único colectivo profesional (los magistrados)”.

CSI-F destacó el hecho de que los magistrados van a esta sede judicial “dos o tres días a la semana y, además, se trata de un colectivo profesional cuya gestión no corresponde a la Comunidad de Madrid”.

“DISCRIMINACIÓN”

Por lo tanto, para estos funcionarios la contratación de estas plazas de aparcamiento “es injustificada e implica discriminación con respecto al resto de personal que presta servicios en esta sede judicial”.

Además, este sindicato de la función pública señaló que “la propia presidenta de Madrid viene reiterando que estamos en un momento de crisis, que exige un ajuste económico radical, sin embargo, desde la Consejería correspondiente se adopta una medida que consideramos discriminatoria, dado que los magistrados no corresponden al personal que gestiona la comunidad autónoma”.

Por este motivo, CSI-F reclamó que “de forma inmediata se suspenda dicho gasto” y que no se otorguen “privilegios y beneficios exclusivos para colectivos profesionales ajenos a la Comunidad de Madrid y aproveche los recursos económicos para mejorar el servicio a los ciudadanos”.