El magistrado ha rechazado la comparecencia de Rato al considerar que su declaración no es necesaria para determinar si Bankia debe ser intervenida judicialmente. El expresidente de Bankia debe comparecer este jueves en el Congreso de los Diputados.

El instructor de la causa ha acordado asimismo aplazar hasta el miércoles la vista iniciada esta mañana para estudiar la intervención, ya que las acusaciones han solicitado varias pruebas.

A pesar de rechazar la declaración de Rato en el marco de la intervención judicial de la entidad, el juez Andreu ha decidido, a petición de UPyD, tomar declaración este miércoles a los representantes legales de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), según señalaron fuentes jurídicas.

La vista, que se inició hoy a las 10.30 horas, se retomará el miércoles con la declaración de los representantes legales de ambas entidades. Bankia y BFA deben nombrar a estos representantes. Tras sus declaraciones, las diferentes partes realizarán sus alegaciones sobre la intervención y el juez se retirará para deliberar sobre la medida cautelar solicitada.

CONDICIONES AL RESCATE

Andreu también ha admitido a trámite varias pruebas documentales solicitadas por las acusaciones ejercidas por UPyD y el movimiento 15-M, entre las que se destaca el memorándum del rescate bancario aprobado la pasada semana por el Eurogrupo y en el que se detallan las condiciones de la ayuda a España.

El juez también ha admitido a trámite como prueba documental varios artículos de prensa, entre los que se encuentran las noticias relativas un correo electrónico que Rato envió a los accionistas.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha rechazado, además del interrogatorio de Rato, tomar declaración al representante legal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y de Francisco Celma, autor de la auditoría realizada por Deloitte sobre Bankia.

UN JUEZ “POCO VALIENTE”

El abogado de UPyD, Andrés Herzog, valoró positivamente las decisiones adoptadas por el juez en la parte de la vista celebrada hoy aunque aseguró que Andreu debería haber sido “un poco más valiente” y admitir la declaración de Rato.

El letrado del movimiento 15-M, Juan Moreno Yagüe, dijo en cambio que el rechazo a la declaración de Rato es “correcta” ya que la intervención de la empresa solo afecta “a los administradores actuales”.

En la vista de hoy, que duró poco más de una hora, estuvo presente, además de las representaciones procesales de UPyD y del movimiento 15-M, un representante del FROB en calidad de perjudicado

También asistieron los fiscales Anticorrupción encargados del caso, Alejandro Luzón y Luis Rodríguez, y los abogados de la mayoría de los 33 miembros de los últimos consejos de administración de Bankia y de BFA imputados en la causa. Rodrigo Rato estuvo representado por el abogado Ignacio Ayala.

Los fiscales se opusieron a la práctica de todas las pruebas solicitadas, según señalaron fuentes jurídicas.

33 IMPUTADOS

El juez Andreu abrió la investigación contra los exresponsables de Bankia y BFA el pasado 4 de julio, cuando admitió a trámite la querella interpuesta por UPyD. Una semana más tarde aceptó la presentada por el movimiento “15MpaRato”.

En la causa están imputados por el momento un total de 33 miembros de los últimos consejos de administración de Bankia y de BFA, entre los que destaca Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Ángel Acebes y Francisco Verdú.

El magistrado les imputa delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar precio cosas y apropiación indebida, aunque a lo largo de la instrucción se concretarán los delitos que se atribuyen a cada uno de los imputados.

El juez destacó en el auto de admisión a trámite que la presunta estafa de Bankia habría podido producir “una grave repercusión en la economía nacional , así como un perjuicio a una generalidad de personas”, ya que la entidad bancaria tiene “suma relevancia en el sistema financiero español, al tratarse del cuarto banco más grande de España en volumen de activos, con más de 11 millones de clientes”.

Tanto la querella interpuesta por UPyD como la del movimiento 15-M, ambas admitidas a trámite, solicitaban a la Audiencia Nacional como medida cautelar la intervención judicial de la entidad.

UPyD justificó la petición asegurando que la intervención serviría para “proteger los derechos de los trabajadores y de los acreedores” y evitar la destrucción de pruebas, mientras que el movimiento 15-M argumentó que “las autoridades judiciales tienen ahora mucha más credibilidad que el Gobierno para controlar la entidad y realizar una quiebra ordenada”.