La iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, explica que, según el informe de la Comisión del Estatuto del Diputado, “sólo el 12% de los miembros de la Cámara Baja no desempeña actividad privada, al margen de la de diputado”.

“Con esta reforma se evitará que haya diputados o senadores que legislen o altos cargos del Gobierno que decidan sobre determinadas materias, cobrando al mismo tiempo dinero, directa o indirectamente, en la empresa privada por labores de asesoría en esas mismas materias, ocasionándose evidentes colisiones entre los público y lo privado”, señala el grupo liderado por Cayo Lara.

Por eso, propone modificar la Ley Orgánica de Régimen electoral General y la que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Se trata, entre otras cosas, de evitar que los casos en los que “una vez cesados en su cargo, se procede a la incorporación a la empresa privada en actividades para las que debían mantener dos años de inhabilitación”.

La iniciativa ha sido registrada por los diputados de IU Ricardo Sixto y José Luis Centella.