En declaraciones a los medios tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, la consejera andaluza del ramo, Mar Moreno, afirmó que “con unos presupuestos de los años 60, no es de extrañar que se vuelva a una escuela de los años 60”.

"Además, da mucha pena que a edades tan tempranas se ponga una marca a los chiquillos y se les obligue a elegir cómo será su vida adulta”, agregó en referencia a la implantación de exámenes fin de etapa y de itinerarios distintos para FP y Bachillerato en 4º de la ESO.

El vicepresidente y consejero canario, José Miguel Pérez, criticó que se intente oponer “equidad a calidad” en el planteamiento de la nueva ley, y destacó que “una reforma de tal calado es muy difícil llevarla a cabo con tal recorte de fondos”.

“Hay tiempo para introducir modificaciones”, prosiguió Pérez, quien confió en que el debate no se traduzca en un enfrentamiento entre las comunidades autónomas del PP y las demás.

COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

La consejera catalana, Irene Rigau, afirmó que con su redacción actual la ley “invade competencias” de las comunidades autónomas, de forma que si la elaboración de las evaluaciones externas no se otorga a los gobiernos regionales, la Generalitat recurrirá.

Los consejeros de Madrid y La Rioja, Lucía Figar y Gonzalo Capellán, respectivamente, se mostraron muy satisfechos con las propuestas del Ministerio y defendieron la necesidad de las pruebas externas, que rehusaron llamar “reválidas”.

A juicio de Figar, esta nueva norma “devuelve los valores del esfuerzo y de la calidad al sistema español”, a la vez que recordó que las evaluaciones ya existen en Madrid, y “nos han ayudado a mejorar resultados”.

La misma idea expresó Capellán, quien declaró que “se puede negociar sobre cómo, en qué momento y qué contenidos recogerán dichos exámenes”, pero su conveniencia es clara.

Todas las comunidades gobernadas por el PP manifestaron su acuerdo con la propuesta, que en líneas generales consideraron “positiva y satisfactoria”.