En su dictamen sobre este anteproyecto de ley, el órgano consultivo asegura que comparte los objetivos del plan pero lamenta que las medidas propuestas por el Ejecutivo “no pueden merecer una valoración positiva”.

El Consejo considera que estas iniciativas “no son las más adecuadas para alcanzar estos objetivos” y denuncia que, en algunos casos, parecen responder a cuestiones “meramente técnicas o recaudatorias”.

En este sentido, sostiene que las medidas adolecen de “falta de adecuación, en muchos casos, y en conjunto resultan insuficientes a los fines que se persiguen”.

Así, el Consejo advierte de que este anteproyecto “difícilmente va a propiciar avances en relación a la lucha contra el fraude y el empleo irregular”.

Por otro lado, el órgano echa en falta un diagnóstico actual de la situación real del empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en España.

Además, critica algunas medidas como la inclusión de la solicitud de la prestación o el subsidio dentro de las infracciones graves.

El Consejo estima que considerar sancionable la mera solicitud de la prestación es “erróneo”, ya que dicha situación “no es fraudulenta, sino de incompatibilidad”, por lo que “no se puede sancionar con igual dureza una solicitud indebida y el disfrute indebido de prestaciones”.