Probiomasa ve “inaceptable” la imposición de esta nueva tasa al sector, porque “las biomasas no tienen ni han tenido responsabilidad alguna en el déficit de tarifa”, al suponer su retribución “apenas un 1,9% sobre el total de las primas del régimen especial”.

Si la tasa finalmente se aplicase en los términos anunciados, las plantas de biomasa en funcionamiento correrían un “serio peligro de quedar abocadas a la suspensión de su actividad productiva”, advirtió Probiomasa en un comunicado.

El nuevo gravamen mermaría un tejido empresarial “sólido” y un “cuantioso número de empleos estables” en su ámbito, en los sectores agrícola, ganadero y forestal del medio rural, a pesar de “los exiguos márgenes con los que cuentan y la escasa comprensión demostrada por parte de los sucesivos poderes políticos”.

A su juicio, la nueva tasa pondría en “un riesgo sin precedentes” al sector español de la biomasa, al “imposibilitar” alcanzar una rentabilidad que permita asumir el sobrecoste, ya que “actualmente se trabaja con márgenes tremendamente ajustados”.

Asimismo, Probiomasa advirtió de que la medida incrementará el “insoportable paro” registrado en España, los costes derivados de la compra de derechos en el mercado de emisiones, así como la producción y abandono de residuos, “provocando contaminantes ambientales” y la “quema incontrolada de millones de hectáreas de bosques”.

Por todo ello, Probiomasa pide al Gobierno que reconsidere la imposición de la tasa y otorgue a la generación de energía por medio de biomasas un tratamiento “acorde con lo que se viene haciendo en la mayoría de los países de la Unión Europea”, en vez de hacer “tabla rasa”.