La actuación coordinada de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido desarticular las dos organizaciones criminales que se dedicaban a esta práctica y que han cometido un fraude de 120 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.

Según informó el Instituto Armado, han sido detenidas 30 personas en 15 provincias españolas y se han realizado 23 registros en domicilios y empresas. El entramado utilizado por las redes desmanteladas contaba con sociedades en Alemania, Reino Unido, Pakistán, Bélgica, Portugal, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Panamá y España.

En el marco de la intervención policial, se han confiscado 79 vehículos de alta gama y gran tonelaje, 209 inmuebles y otros bienes valorados en más de 55 millones de euros.

Esta operación, denominada “Bashnya”, se ha desarrollado en España, Portugal y Suiza y se inició en febrero del pasado año. La Guardia Civil tuvo conocimiento de un posible fraude en el sector de los hidrocarburos cometido por dos organizaciones criminales.

PRECIOS MUY BAJOS

Las investigaciones de la Agencia Tributaria se iniciaron como consecuencia de las averiguaciones de sus servicios de inspección en Cataluña y Madrid. Se descubrió la existencia de dos tramas organizadas para defraudar el IVA en la distribución de gasolinas y gasóleos.

Estas actuaciones coinciden con otras llevadas a cabo en paralelo por la Guardia Civil con la colaboración de la Hacienda Foral de Navarra, que detectaron la implantación en esta comunidad autónoma de una nueva trama orquestada y dirigida por los mismos sujetos que organizaban la descubierta en Madrid.

Las organizaciones desarticuladas han operado durante cuatro años en el sector de los hidrocarburos (gasolinas y gasóleos) en Cataluña, la zona centro peninsular y Galicia. Para dar una apariencia de legalidad y obtener el permiso para operar en el mercado español, las organizaciones se presentaban ante la Administración de la mano de personas de reconocido prestigio en el sector y realizaban importantes inversiones económicas en el mismo.

Los integrantes de estas redes intentaban controlar las gasolineras vendiendo a precios sin competencia los hidrocarburos que comercializaban y creaban paralelamente “brookers” internacionales para su adquisición. Esto les permitía controlar la entrada de hidrocarburos en territorio nacional, su distribución y posterior venta al por menor.

La organización eludía el pago del IVA correspondiente aportando declaraciones falsas ante la Hacienda Pública, con lo que se ahorraban grandes cantidades de dinero en dicho concepto. Esto les permitía posteriormente vender sus productos a precios muy bajos y sin competencia.