La reforma fue analizada el pasado martes por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y los responsables autonómicos del ramo en el Consejo Territorial de Dependencia.

El recorte en el 'sueldo' de los cuidadores informales responde, según el Gobierno, a la necesidad de priorizar la prestación de servicios profesionales frente al cuidado familiar, establecido en la norma como una "excepción".

Y para primar los servicios sobre las actuales prestaciones económicas, se ha arbitrado un sistema con las comunidades autónomas para que en el plazo de cinco años reciban la misma cantidad de dinero por número de beneficiarios que por servicios prestados.

Esto se hará progresivamente, de forma que si ahora el Gobierno otorga el 90% del dinero de la dependencia en función del número de beneficiarios que tenga cada comunidad autónoma y el 10% restante teniendo en cuenta los servicios que presta, en el plazo de cinco años, los porcentajes serán del 50% en ambos casos.

Además de la reducción de la paga que perciben ahora los cuidadores informales de dependientes en un 15%, la reforma establece la modificación futura del régimen de cotización a la Seguridad Social que se hace por estas personas.

A este respecto, el Ejecutivo asegura que los Ministerios de Sanidad y de Empleo y de la Seguridad Social acordarán un nuevo régimen acorde con las circunstancias de esta figura, pero que los cuidadores que ya coticen no saldrán de la Seguridad Social "en tanto en cuanto no se determine el nuevo régimen".

RETROACTIVIDAD

La modificación legal se hace eco también de la ampliación de seis meses a dos años del plazo de que disponen las autonomías para dar las ayudas por la dependencia sin tener que pagar la retroactividad, algo que no gusta a sectores como el de los trabajadores sociales, que consideran que es un periodo de tiempo tan prolongado que algunos beneficiarios "morirán antes de haber recibido una ayuda".

Como el Gobierno se ha propuesto "priorizar la atención de los grandes dependientes y de los dependientes severos", ha decidido retrasar la entrada en el sistema de los dependientes moderados hasta el año 2015, con lo que hasta esa fecha quedarán en manos de los servicios sociales autonómicos y regionales, que dudan, según los trabajadores sociales, de que puedan atenderlos adecuadamente.

Se simplifican, igualmente, los grados y niveles en que estaba dividido hasta ahora el sistema, que pasará de tener seis compartimentos a tres para encajar a los beneficiarios, en función de su grado de dependencia.

Es decir, habrá grandes dependientes, dependientes severos y dependientes moderados, pero sin niveles de graduación en cada uno de estos escalones.

Otra de las modificaciones recogidas en el decreto es que los dependientes con una renta inferior al Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples (Iprem) no tendrán que pagar por los servicios que reciban dentro del sistema de atención a la dependencia.

Y "a partir de aquí (del Iprem), la aportación se medirá de forma progresiva (a más renta, más desembolso) hasta llegar al 90% del coste del servicio", indica el Gobierno.