La reunión semanal del Ejecutivo dio luz verde este viernes al anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas, cuyo objetivo es lograr una protección medioambiental efectiva y otorgar seguridad jurídica plena a los ciudadanos y a las empresas, según el Gobierno.

Para ello, se introduce en la futura normativa un mecanismo novedoso que permite al Estado tutelar a las administraciones locales para que se puedan suspender de forma automática las licencias concedidas que vulneren la Ley de Costas. En este sentido, contempla la suspensión automática en vía administrativa —a instancia de la Administración del Estado— de los acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o servidumbre de protección.

La intención es favorecer una actuación cautelar rápida y eficaz que evite la ejecución de actos ilegales y que debe ir seguida de su impugnación ante los tribunales de lo contencioso-administrativo en el plazo de 10 días.

Junto a esta medida, el nuevo marco regulatorio de la costa apuesta por la prevención como un elemento fundamental para su conservación. Para ello, entre otras actuaciones, introduce una reforma en relación con el uso de las playas.

Así, se establece un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas a suelos urbanizados) y para las naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para estas últimas, se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente y se restringirán las ocupaciones.

El futuro marco regulatorio pretende dotar de mayor seguridad a las relaciones jurídicas en el litoral y terminar con la situación de incertidumbre existente en la actualidad.

Por esta razón, en materia de concesiones, el anteproyecto modifica en el régimen general el plazo máximo de duración de éstas, que pasa a ser de 75 años, y además se permite la transmisión 'mortis causa' e intervivos.

Asimismo, se establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes y se da respuesta a la extinción de las previstas en la anterior Ley de Costas de 1988, que fijaba con carácter general un plazo máximo de 30 años de duración, establecido para 2018.

Con el objetivo de dar respuesta a la demanda social de muchos municipios, el Gobierno regularizará distintas barriadas históricas para excluirlas del dominio público marítimo-terrestre y ofrecer un marco jurídico claro y estable.

Sáenz de Santamaría insistió en que esta reforma trata de dar seguridad jurídica a propietarios y concesionarios, abocados muchas veces a problemas de titularidad a pesar de tener su propiedad convenientemente inscrita.