El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, junto a la secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, se reunió en la sede del partido con la Junta Directiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) encabezada por su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno.

Después, en rueda de prensa, Jiménez pidió al Gobierno que reconsidere sus medidas, porque es en momentos de crisis como el actual cuando las administraciones y los poderes públicos tienen que estar “más cerca” de colectivos como los desempleados, los pensionistas, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, y muy al contrario “es sobre ellos sobre los que se está haciendo recaer el ajuste”.

En el caso concreto de la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, expresó su confianza en que el Gobierno “muestre sensibilidad y rectifique”, y en vez de acabar con una norma que ha dado más dignidad a ese colectivo, “trabaje para que salga fortalecida y sea sostenible para el futuro”.

“No es tanto el esfuerzo que se pide”, añadió, porque a los “enormes beneficios sociales” que proporciona se unen el retorno a las arcas públicas de gran parte de las inversiones y el empleo creado en el sector.

Son los ajustes a los sectores más vulnerables “los que tendríamos que evitar por encima de todo”, sentenció, y más aún al comprobar que la política de austeridad del Gobierno “nos lleva sin remedio a más recesión y a más recortes sociales”.

RECORTES INSOPORTABLES E INJUSTOS

Trinidad Jiménez reiteró que esa ley está siendo “sistemáticamente atacada por el PP” desde que llegó al Gobierno, primero aplazando la incorporación de las personas con dependencia moderada y eliminando la partida correspondiente en los Presupuestos, y después con nuevos recortes “insoportables, injustos y que se podrían haber evitado” con medidas alternativas.

La ampliación del plazo para evaluar y reconocer la prestación supondrá que muchos potenciales beneficiarios “estarán muertos cuando se les reconozca la prestación”, y la eliminación de las cotizaciones de ciudadores familiares a la Seguridad Social implicará que muchos de ellos no puedan acceder a pensión ni a tarjeta sanitaria, denunció.

Además, emplazó al Gobierno a confirmar los detalles sobre el reconocimiento de deuda y sobre el cómputo de la vivienda habitual de la persona con dependencia al calibrar su participación en el copago de las prestaciones.

Son ajustes “socialmente muy injustos y económicamente ineficaces”, dijo, como la subida del IVA, que creen que retraerá el consumo y, por tanto, la actividad económica, o el “castigo” a los desempleados, que “cada día pelean para recuperar su trabajo” y a los que se recorta la prestación.

Jiménez aseguró además que el PSOE está “totalmente en contra” de la decisión del Gobierno de mantener el objetivo de déficit para las comunidades autónomas pese al año adicional de margen obtenido de Bruselas para el Estado, porque eso supondrá mayores dificultades para prestar los servicios que tienen transferidos, es decir, la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Hasta comunidades autónomas gobernadas por el PP “se rebelaron” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, subrayó la dirigente socialista, lo cual debería ser “motivo suficiente” para que el Gobierno se sentara a pensar “una solución diferente”.

Los socialistas “sabemos que la situación es muy complicada”, concluyó, y por ello están dispuestos “a hablar” con el Gobierno, siempre con el objetivo de que los recortes no recaigan en los sectores más débiles.