En rueda de prensa en el Ministerio de Economía para valorar los datos del IPC de mayo, Jiménez Latorre explicó que el proceso consistirá en que los “activos dañados, problemáticos” se transferirán a una “sociedad gestora”, lo que llevará consigo un “saneamiento muy significativo” de las entidades financieras.

Estas entidades tendrán que acometer “fuertes procesos de desinversión” en aras de disipar las dudas sobre la capitalización y conseguir que así tengan “mecanismos adicionales para obtener capital”, explicó Jiménez Latorre.

No obstante, el secretario de Estado de Economía señaló que para cuantificar el número de entidades que tendrán que recurrir a ayudas públicas o aquellas otras que podrán cubrir los requisitos de capital por la vía privada “habrá que esperar a los resultados de la valoración” de la Unión Europea.

Sobre la posibilidad de que el primer tramo del rescate, de unos 30.000 millones de euros, pudiera estar disponible a finales de este mes de julio, Jiménez Latorre explicó que “se dota para satisfacer necesidades previas al proceso de valoración de todas las reestructuraciones necesarias para aprobar las ayudas públicas”.

De esta forma, aseguró que serán aportaciones que vendrán condicionadas “al resultado del análisis que haga la UE sobre los planes de reestructuración de las entidades” aunque “basta con hacer una motivación de las necesidades de esos recursos, se somete la motivación a las autoridades europeas y se puede proceder sin necesidad de esperar a todo el proceso, eso va bastante rápido”, apuntó.

NUEVO MECANISMO

Por otra parte, el secretario de Estado de Economía se refirió al nuevo mecanismo anunciado por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para satisfacer las necesidades de refinanciación y liquidez de las comunidades autónomas asegurando que tendrá “un papel de fondeo”.

En esta línea afirmó que el Tesoro podrá cubrir las necesidades de las comunidades “sobre todo de vencimiento y liquidez”, una vez que “se identifiquen y a medida que se sometan al mecanismo de financiación centralizada”.

Aquellas comunidades que quieran acogerse al nuevo mecanismo tendrán que acatar “estrictas condiciones de estabilidad económica y financiera”, aseguró Jiménez Latorre, que dijo esperar que el mecanismo “no perjudique la disciplina fiscal, sino más bien lo contrario”, y que no siembre “dudas sobre la calificación crediticia del Tesoro”.

A este respecto señaló que tras “conversaciones y contactos” con agencias de calificación “se valora positivamente el mecanismo centralizado de refinanciación” ya que va acompañado de un “fuerte condicionado económico y financiero”.