La organización judicial considera que los planteamientos del Gobierno pretenden limitar las competencias, funciones y potestades del órgano de gobierno de los jueces, así como reducir la dedicación de sus vocales.

Por ello, estima que esta reforma, tal y como está planteada, solo puede tener como consecuencia la pérdida de atribuciones de este órgano constitucional a favor del Ministerio de Justicia, lo cual tendrá previsibles repercusiones que pueden afectar a la independencia judicial, y que la aprobación de esta reforma “debilitará” la separación de poderes inherente al Estado de Derecho.

Asimismo, denuncia que este proyecto se ha estado preparando con “clandestinidad” y “de espaldas” a la judicatura, a las asociaciones judiciales y al CGPJ, sin la transparencia propia de un debate tan necesario como el de la adecuada configuración del máximo órgano de gobierno del poder judicial.