El comité ha decidido denunciar públicamente la desaparición de estos programas de manera unilateral por parte de la Consejería de Educación y Empleo, alegando que su supresión propiciará un retraso importante en la integración social de las personas con discapacidad, y supondrá un desamparo total por parte de la administración.

Cermi considera que la falta de transparencia en los presupuestos de la consejería destinados a los programas de empleo para personas con discapacidad implica un obstáculo a la hora de conocer las prioridades de inversión destinadas a este colectivo y lamenta que la única explicación que hayan recibido sea la de “no hay dinero”.

Varios de los programas que están actualmente en vigor finalizarán antes del mes de agosto, y no se ha previsto su renovación ni la puesta en marcha de otros que faciliten la integración en el mundo laboral de las personas con discapacidad.

Además, desde la consejería tampoco se ha remitido ningún escrito hacia las organizaciones que gestionan y llevan a cabo estos programas para comunicarles dicha situación.

Desde el comité declaran que “existe descoordinación en las administraciones públicas, ya que la decisión unilateral de la Consejería de Educación y Empleo propiciará una carga mayor del gasto social que tendrá que soportar la Consejería de Asuntos Sociales, algo incomprensible. Personas que dejan de ingresar un salario, entrarán dentro de los márgenes establecidos por la Consejería de Asuntos Sociales para percibir ayudas asistenciales o prestaciones económicas que palien su situación”.

Por último, consideran que con este nuevo recorte se vuelve a vulnerar la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad aprobada por el Estado español, en su artículo 27 relacionado con el trabajo y el empleo.