El Cermi responde así a Gallardón ante su escrito de contestación a la demanda del comité con respecto a la violación de los derechos de las personas con discapacidad, permitida por el Código Penal español en su artículo 156, al admitir en nuestro ordenamiento la posibilidad de la esterilización forzosa o no consentida para personas incapacitadas judicialmente.

Desde el comité se manifiesta el "más intenso estupor" ante el contenido del escrito del Ministerio, al mismo tiempo que se expresa una "honda" decepción y un "enorme" lamento por los argumentos que ofrece Justicia para justificar "algo que es internacionalmente reconocido como una violación de derechos humanos".

Según explica el Cermi, los tratados internacionales reconocen que todas las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones y, por lo tanto, es "obligación" de los poderes públicos protegerles "sin injerencias indebidas, condenando a quienes pueden obstaculizar su disfrute".

"Las mutilaciones genitales o las prácticas esterilizantes no consentidas por la propia persona, sin posibilidad alguna de suplir su voluntad, aunque sea judicialmente, son una aberración inconcebible en el Estado social de Derecho en el que vivimos", denuncia el Cermi.

Para el Cermi, la recomendación que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU formuló a España el pasado mes de septiembre de 2011, "es perfectamente clara en estos términos al considerar incompatible con los derechos humanos la esterilización sin consentimiento expreso de la persona afectada, tenga o no una discapacidad". "No se puede minimizar ni atenuar esta categórica afirmación", advierte.

"No cejaremos en este propósito que esperamos se convierta en una causa común en defensa y protección de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad en nuestro país", concluye el Cermi en su escrito.