Ante la reunión que mantendrán hoy representantes del Gobierno central y la Junta de Andalucía en Cádiz “para buscar una salida al proyecto”, los ecologistas recuerdan que la sentencia del Tribunal Supremo es “clara”, “al anular la reserva demanial (de dominios públicos), calificar la marisma como dominio público marítimo–terrestre y reconocer el deber de las administraciones públicas de conservarla en su integridad”.

Greenpeace y WWF creen que este polígono industrial “destruiría las marismas de forma irreversible”. Por esta razón, pide un plan especial de restauración de las marismas, “para que cumplan su función natural de prevenir avenidas e inundaciones y recuperen su biodiversidad”.

“Esperamos que la reunión que hoy mantienen representantes del Gobierno y la Junta sirva para disolver el consorcio y desestimar definitivamente un proyecto del siglo pasado”, declaró el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo.