Anticorrupción pide a la Audiencia que investigue a los exdirectivos del Banco de Valencia
- Por delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que abra una investigación con los antiguos responsables del Banco de Valencia por la presunta comisión de delitos de de estafa, administración desleal y apropiación indebida.
Anticorrupción ha remitido a Pedraz un informe en el que le solicita que admite a trámite la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) contra los antiguos responsables del Banco de Valencia, entre ellos el expresidente José Luis Olivas.
Además de contra Olivas, la denuncia va dirigida contra los antiguos máximos responsables del Banco de Valencia Antonio Tirado, Domingo Parra y Aurelio Izquierdo.
El organismo que controla la reestructuración de los bancos señalaba en su denuncia que las circunstancias que rodean la gestión del Banco de Valencia “exigen la inmediata actuación de la Audiencia Nacional”. El FROB destacó “las irregularidades o incumplimientos de la normativa bancaria y mercantil en la gestión desarrollada por los anteriores administradores y directivos de la entidad”.
El magistrado debe ahora decidir si inicia o no una investigación por estos hechos.
COMPETENCIA AUDIENCIA NACIONAL
La Fiscalía Anticorrupción considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos ya que en el Banco de Valencia se produjeron presuntamente defraudaciones que tuvieron “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional”, uno de los requisitos que establece la ley para que la investigación sea asumida por este órgano jurídico.
El informe señala que, después de que en octubre de 2011 el banco tuviera que ser intervenido y sustituido el consejo de administración debido a la situación económica de la entidad, el Banco de España le inyectó 2.000 millones de euros.
Además, el Tesoro Público le otorgó un aval de 1.500 millones de euros para poder solicitar otro préstamo al Banco Central Europeo.
Esta situación, junto con el hecho de que se trataba de una empresa cotizada, supuso para Anticorrupción “la afectación de la economía nacional, al verse afectado el propio sistema financiero, con incidencia en otras sociedades, también cotizadas”, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional.
De forma complementaria, y antes de informar sobre las diligencias a practicar por Pedraz, Anticorrupción pide que se requiera la inhibición del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia para que remita a la Audiencia Nacional la querella presentada por un grupo de pequeños accionistas contra el antiguos consejo de administración del Banco de Valencia.
(SERVIMEDIA)
28 Jun 2012
DCD