En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Díez, instó al Gobierno a dar “instrucciones ya” a la Fiscalía General del Estado para iniciar el proceso de ilegalización de “todas las marcas de ETA”, en referencia a formaciones como Bildu o Amaiur. “Que actúe en defensa de la democracia y de los ciudadanos”, dijo.

Mientras tanto, UPyD está trabajando en varias posibilidades. Así, ha registrado en la Cámara Baja una proposición de ley para endurecer la Ley de Partidos, de modo que criticar la detención de presuntos miembros de ETA sea entendida como “apoyo tácito” al terrorismo y, por tanto, sea motivo de ilegalización.

Además, explicó Rosa Díez, UPyD también propone que la “difusión de ideas que nieguen la existencia de la historia criminal de ETA” también sea causa de ilegalización, al igual que la “omisión del rechazo de condena pública expresa” y “la inequívoca o la falta de condena del terrorismo”.

Por otra parte, UPyD también está estudiando la forma de recurrir ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la sentencia por la que el Tribunal Constitucional legalizó Sortu.