Según informó Justicia, Gallardón se refirió a este asunto en Santander, donde participó en la inauguración del encuentro “La presunción de inocencia y los juicios paralelos”, que se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El ministro explicó que, al limitar el secreto de sumario a un mes, se pretende “acabar con la ficción de esos sumarios supuestamente secretos” que se pueden leer “a diario en los periódicos”.

El titular de Justicia, que se mostró muy crítico con los juicios paralelos, hizo hincapié en que el reproche penal por la filtración de un sumario no puede ser para los medios de comunicación, sino para quien está obligado al secreto. En este sentido, puso como ejemplo la responsabilidad en la que él mismo incurriría si contara a la prensa detalles de las reuniones del Consejo de Ministros.

“RESPONSABILIDAD”

Durante su intervención, Gallardón hizo un repaso a la legislación existente al respecto en otros países. Recordó que en EEUU el “caso Sheppard versus Maxwell” acabó con la repetición del juicio, porque la información publicada influyó determinantemente en la condena a la que se llegó en la primera vista oral.

Asimismo, en Francia se castiga la publicación de informaciones sobre juicios, si se comprueba que su finalidad era ejercer presión sobre el juez o los testigos. En Italia se prohíbe la publicación de datos bajo secreto de sumario, salvo que el fiscal levante la medida para algunos de ellos.

El ministro recordó que la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, respondía a unas condiciones sociales e informativas totalmente distintas a las actuales. Destacó que ahora, gracias a Internet, los medios de comunicación ni siquiera son los únicos filtros de la información, lo que hace imprescindible la transformación de esa ley, algo en lo que ya trabaja una comisión de expertos.

En su opinión, el hecho de que desde el Ministerio no se establezca reproche alguno sobre los medios de comunicación que publiquen datos bajo secreto de sumario, le confiere “autoridad” para solicitarles un ejercicio de responsabilidad y que no revelen una información que puede vulnerar el derecho fundamental a un juicio justo.