Según explicó Javier Font, presidente de Famma, en la presentación del ‘Manual de Malas Prácticas Urbanísticas’ en casi 20 años se han abierto 333 requerimientos, pero solo uno ha sido tomado en cuenta y se ha tramitado por el órgano competente (concretamente, el referido a la Caja Postal de Aranjuez).

“Este último ha sido muy reciente y aún no sabemos en qué quedará”, subrayó Font.

A su juicio, en Madrid y en España se incumple la normativa vigente en cuanto a la accesibilidad en la vía pública y en la edificación, y además existe “una total pasividad a la hora de sancionar”.

Para el secretario de accesibilidad de Famma, Manuel Rancés, el problema radica en que se permite a las empresas “reponer (sustituir a posteriori) aquellos elementos o partes de un proyecto que suponen una barrera arquitectónica", con lo que “la multa nunca llega a efectuarse”.

“A un ladrón se le lleva a la cárcel por el mero hecho de robar aunque luego lo devuelva”, razonó Rancés, para quien este método “invita a los constructores a arriesgarse y a saltarse la ley”.

“Se arriesgan a que les pillen porque saben que en todo caso tendrán que solucionarlo pero que no se les multará, y les sale más rentable”, insistió.

17 NORMATIVAS

Font exigió, asimismo, una homogenización de las normas sobre accesibilidad que existen en España, ya que “hay una por cada Comunidad Autónoma” e incluso difieren según los municipios.

El ancho de las puertas y las aceras, la pendiente de las rampas, las condiciones de la tarjeta de estacionamiento y el tipo de rebaje de los bordillos son algunos ejemplos de estas variaciones.

“No significa que el modelo de Madrid sea mejor que el de Barcelona ni lo contrario, simplemente que se deberían homologar para que no exista discriminación entre las personas con discapacidad dentro del mismo país", sentenció.

En su intervención, Font subrayó que “todavía hay muchas personas encerradas en sus viviendas por la incomprensión de sus comunidades de vecinos, conflictos entre las juntas de distrito, etc".

El emplazamiento de mobiliario urbano en mitad de la acera, calles demasiado estrechas, rampas muy empinadas, bordillos demasiado altos y obras mal señalizadas representan alguna de las principales barreras arquitectónicas que se encuentran las personas con movilidad reducida. ”Por no hablar del acceso a lugares de ocio o a la vivienda”, apuntó Rancés, ya que “no es de recibo que las casas accesibles (que se ofertan para cumplir la normativa) sean siempre bajos o que en el cine, un discapacitado no tenga más remedio que sentarse en primera fila”, concluyó.