“Resulta por lo tanto evidente que la amenaza terrorista sigue existiendo y que no se puede descartar la reanudación de los atentados tan pronto como le resulte propicio a sus fines”, señala el comunicado emitido hoy tras la reunión mantenida por los fiscales de la Audiencia Nacional.

La retirada de escoltas, que se ha hecho efectiva este lunes en el Tribunal Supremo y el en Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entrará en vigor en la Audiencia Nacional este martes.

Los fiscales de la Audiencia Nacional critican al Ministerio del Interior por retirarles los escoltas mientras mantiene la seguridad “para políticos y exaltos cargos, cuya funciones se desarrollan en ámbitos ajenos a la lucha antiterrorista y contra la criminalidad organizada”.

Esta circunstancia, a juicio de los fiscales, “pone de manifiestos que al establecer las prioridades de protección se han valorado criterios que poco tienen que ver con el riesgo real de cada persona”. Admiten en este sentido que “la situación económica por la que atraviesa el país” justificaría un ajuste en los escoltas “pero en ningún caso la supresión de una protección que se considera esencial”.

ATENTADOS CONTRA FISCALES

El comunicado difundido hoy recuerda además que, en el pasado, las organizaciones investigadas “han venido atentado” contra los fiscales, “logrando incluso en algunas ocasiones acabar con su vida”, como fue el caso de la fiscal Carmen Tagle, asesinada por ETA.

Los fiscales aseguran que una “posición de vulnerabilidad” de la Audiencia Nacional “no hará sino debilitarla”. “Debilidad de la que no hay duda se aprovecharán terrorista y delincuentes internacionales y cuyas indeseables consecuencias, en definitiva, terminará sufriendo la sociedad con costes mucho mayores que los que ahora se trata de evitar”, señalan.

En la Audiencia Nacional solo mantendrán la protección policial su presidente, Ángel Juanes, el fiscal jefe, Javier Zaragoza, y el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro. También mantendrán la escolta, aunque de forma reducida, el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, el teniente fiscal, Fernando Burgos, y el fiscal jefe antidroga, José Ramón Noreña.