Antonio García, portavoz de la APM, se pronunciaba así, en declaraciones a Servimedia, sobre la polémica respecto a los controles sobre el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (Sitel), que usan las Fuerzas de Seguridad y el CNI.

Según García, "en España y en cualquier democracia la interceptación o control de las comunicaciones de las personas no se puede efectuar al margen de las garantías constitucionales y legales".

Este portavoz añadió que sin autorización judicial controlar las conversaciones privadas supone "la comisión de un delito".