El Gobierno vetó la tramitación de esas enmiendas haciendo uso de una prerrogativa constitucional desarrollada en el Reglamento del Congreso, que le permite oponerse a cualquier iniciativa que implique una reducción de los ingresos o un incremento de los gastos que no estén compensados dentro de la misma sección.

Sáenz de Santamaría denunció que el Gobierno utiliza esa potestad “arbitraria e indiscriminadamente”, porque no ha vetado todas las enmiendas que implican reducción de ingresos o incremento de gasto, y porque el único objetivo es impedir un debate que puede conducir a una derrota en la votación de las enmiendas.

Negó además el argumento del Gobierno, en primer lugar porque diversos estudios indican que subir el IVA no se traduce necesariamente en un incremento de la recaudación, y porque el PP propone una reducción del gasto de 10.000 millones que compensaría la eliminación de la subida del IVA.

En su petición de amparo, el PP recuerda que “hacía trece años” que el Gobierno no utilizaba esa potestad de veto, y lo achaca a la “debilidad” de José Luis Rodríguez Zapatero y a su “miedo” a la alternativa del PP.