Campuzano no entiende que el Ejecutivo, "unilateralmente", haya decidido aplazar la incorporación al sistema de los últimos colectivos previstos en la ley, ni tampoco que haya suprimido el nivel de protección acordado entre el Estado y las comunidades autónomas.

El diputado indica que "ya existía una incertidumbre sobre el futuro de estas políticas, asumidas por las CCAA pero sin una transferencia presupuestaria suficiente".

Pero ahora, añade, la preocupación se ha incrementado por la situación económica, con lo que se ha convertido en un problema que debe resolverse a corto plazo.

Campuzano sostiene que "CiU siempre ha mantenido una posición crítica sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia porque la experiencia demuestra que no funciona bien", y apunta que por eso propone "reformas urgentes".

Estas reformas, concluye, han de asegurar la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y sus familias "de forma adecuada y sostenible".