Esta es la conclusión recogida en el ‘IX Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia”, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

De acuerdo con el informe, Castilla y León, País Vasco y Andalucía son las comunidades que destacan de manera notable o sobresaliente en el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia, mientras que Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares obtienen la calificación de muy deficiente en la Aplicación de la Escala.

En la mayoría de las regiones baja la puntuación con respecto a dictámenes anteriores. De manera significativa, retroceden en la nota Aragón, Cantabria y Castilla La Mancha. Por su parte, Asturias, Murcia, Madrid, Galicia, Navarra y Cantabria “suspenden y continúan privando a sus ciudadanos de los derechos” de la Ley de Dependencia.

“A nivel general, continúa registrándose un empeoramiento en la implantación de la Ley, pasando de una puntuación media de 5 puntos (diciembre 2011) a 4,9 (junio 2012)”, indica el estudio.

"DISPARIDAD INSOPORTABLE"

A juicio de los autores, se mantiene la “inequidad” entre territorios autonómicos. “Existe una insoportable disparidad de esfuerzos y de ejercicio efectivo de derechos en función de la comunidad autónoma en la que se resida”, señalan.

“Es muy significativa", agregan, "la disminución de personas atendidas en algunas comunidades, pero también es cierto que hay otros territorios en los que, independientemente de la puntuación que obtengan en el dictamen, se aprecian esfuerzos notables en un momento de especialísima dificultad”.

El observatorio cree que “no es sostenible, y además es innecesario, que la Administración Central recorte el gasto en atención a la Dependencia, cuando el 43% de ese gasto retorna a la propia Administración Central en forma de cotizaciones e impuestos”.