Los magistrados de la Sala de lo Penal, presididos por Joaquín Giménez, han decidido estimar parcialmente el recurso de los procesados y rebajar las condenas al concluir que, si bien incurrieron en un delito de malversación de caudales públicos, no se ha demostrado que las irregularidades cometidas por Roig y Herce entorpecieran o causaran daño al servicio público, por lo que no se les puede aplicar el tipo agravado.

“Es cierto que la cuantía es importante, más de 450 millones de pesetas, pero también lo es que se realizó a lo largo de aproximadamente diez años, por lo que por sí sola no puede acreditar la concurrencia del segundo elemento previsto para la agravación”, señala la sentencia hecha pública hoy.

El Supremo considera probado que Roig y Herce, cargos del anterior gobierno de CiU y gestores de FGC hasta 2004, cometieron un delito de malversación de caudales públicos en concurso con uno de prevaricación al contratar el citado plan de pensiones.

La contratación de este plan permitió que 15 directivos de la entidad pública cobrasen entre todos unos 2,71 millones de euros en sobresueldos cuando dejaban la empresa hasta que se liquidó el fondo.

Además de los cuatro años y medio de cárcel, el Alto Tribunal ha condenado a Roig y Herce a ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.