Gallardón respondía así a una pregunta del diputado del PNV Emilio Olabarria.

Este parlamentario planteó al ministro si le parece “razonable” que, para hacer frente a los casos de “bebés robados”, se incluya entre los criterios de prescripción la “notitia criminis”. Se trataría de que la fecha de inicio de los plazos de prescripción y caducidad comenzara cuando se tiene conocimiento del hecho delictivo.

A este respecto, el titular de Justicia señaló que, como regla general, la prescripción de los delitos se computa desde el momento en el que se cometió el hecho delictivo y no desde cuando se descubrió el delito. Esto supone que el cambio que sugiere el diputado del PNV no es viable jurídicamente.

El titular de Justicia destacó el “sincero afán” del Gobierno “por colaborar en la solución de un drama social y humano como es el de los bebés robados”. Señaló que la voluntad del Ejecutivo de esclarecer “los hechos es inequívoca”.

DATOS SANITARIOS

Además, Gallardón recordó que se ha solicitado a la Unión Europea que introduzca excepciones en su legislación para facilitar a los ciudadanos el acceso a datos sanitarios cuando su finalidad sea determinar su filiación natural.

Sin embargo, el ministro dijo que no es posible introducir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal la “notitia criminis” (momento en el que se tiene conocimiento de que se ha cometido un delito) como fecha de plazo de prescripción en esos casos.

El titular de Justicia sostuvo que este cambio “no es viable jurídicamente” y “cualquier modificación” realizada en ese sentido supondría, en su opinión, “establecer de facto un régimen de imprescriptibilidad”. Además, se dotaría “de carácter retroactivo” la eventual modificación de una norma con efectos penales.

El ministro recordó que en los delitos de especial gravedad cometidos sobre menores el cómputo de la prescripción comienza cuando estos cumplen la mayoría de edad. Además, Gallardón recuperó unas palabras del propio Olabarria en 2010, en las que el diputado del PNV defendía que ni siquiera en los casos de terrorismo se puede aplicar la imprescriptibilidad.