Así lo pone de relieve CEOE en el primer Informe de seguimiento de la ejecución en España de los fondos Next Generation EU que ha elaborado la patronal y que actualizará de manera periódica, con el fin de “contribuir a mejorar y acelerar la ejecución de los fondos europeos y, en consecuencia, a maximizar su impacto en nuestro país”.

CEOE explica que el último dato que se recoge es de agosto porque “en septiembre, octubre y noviembre se ha eliminado dicha información” en los principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado que mensualmente publica la Intervención General de la Administración del Estado.

La patronal recuerda que España recibió en verano los primeros 9.000 millones de prefinanciación y que en la última semana del año la Comisión Europea transfirió el primer desembolso (10.000 millones).

Sin embargo, CEOE avisa de que “estos recursos no llegaron en 2021 al mismo ritmo a la economía real”, ya que se publicaron alrededor de 120 convocatorias de subvenciones financiadas con cargo a los fondos europeos por valor de 7.300 millones de euros y en torno a 270 licitaciones de contratos públicos, con un “peso protagonista” de la Administración General del Estado (AGE) por valor de 2.000 millones de euros.

En total, según detalla la patronal, se alcanzaron los 9.300 millones de euros, un 48% de los fondos recibidos y un 38% de los incluidos en los Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE).

PESO DE LAS COMUNIDADES

Además, CEOE destaca que del presupuesto dedicado a convocatorias, apenas 1.000 millones de euros habrían sido lanzados por las comunidades autónomas (en torno a un 14% del total). Así, señala que estas cifran “chocan” con la tendencia vista hasta la fecha con el presupuesto ordinario repartido en el Estado, en el que normalmente en torno al 63% del presupuesto global se ejecuta por las autonomías y un 30% por la AGE, dejando a las entidades locales el 7%.

En este sentido, el informe de CEOE critica que el grueso de estas ayudas gestionadas por las comunidades se ha diseñado y aprobado desde el ámbito estatal, “lo que reduce la capacidad de adaptar las convocatorias a la realidad de cada territorio”.

“Es importante tener presente que, sobre todo en los territorios con un número reducido de empresas tractoras multinacionales, el retraso en la publicación de convocatorias supone un riesgo creciente de deslocalización de inversiones hacia otros países que son más rápidos en la ejecución”, añade la patronal.

PLAZOS MÁS AMPLIOS

Por otro lado, CEOE subraya que contar con plazos amplios de presentación de proyectos constituye una de las principales necesidades de las empresas, especialmente pymes y autónomos, para facilitar que puedan acceder a los fondos. “En algunos casos, los plazos de presentación no han llegado a 10 días hábiles”, denuncia.

En este punto, pone el ejemplo de que la línea de ayudas para la iniciativa Industria Conectada 4.0/ACTIVA Financiación, lanzada en agosto por la Secretaría General de Industria y PYME, solo concedió ocho días hábiles de presentación, lo que ha supuesto que el porcentaje de ejecución haya sido únicamente del 10,4% (9,9 millones de 95).

Asimismo, CEOE afirma que el porcentaje medio de cofinanciación de las convocatorias de subvenciones es del 30%, pudiendo incrementarse sensiblemente en el caso de pymes y autónomos y en función de la naturaleza del proyecto (I+D+I o medio ambiente).

PAÍSES DEL ENTORNO

Respecto de la comparativa internacional con algunos países del entorno de España, el informe destaca que en Portugal el importe de las convocatorias de ayudas asciende a 3.258 millones de euros, lo que supone un 25% del total de subvenciones asignado al país vecino (en España este porcentaje se sitúa en el 10%).

Por su parte, el Gobierno de Francia, a través de la Inspección General de Finanzas, ha creado un comité de evaluación, con presencia de múltiples agentes, que emite un informe periódico de seguimiento con información detallada sobre ejecución real de fondos.

Mientras, en Italia el Gobierno ha puesto en marcha un refuerzo coyuntural de las plantillas del sector público para dotar de una mayor agilidad a la tramitación de los proyectos. En contraste, CEOE advierte de que en España “no se identifica una aplicación significativa de las disposiciones del Real Decreto-ley 36/2020 en relación al refuerzo de plantilla y a los incentivos para los empleados públicos”.

Finalmente, el documento recoge distintas recomendaciones dirigidas al sector público para una mejor ejecución de los fondos. Entre ellas destacan “fortalecer el equilibrio entre grandes proyectos tractores y convocatorias para pymes y autónomos; impulsar convocatorias menos atomizadas y con plazos más amplios; desbloquear la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 36/2020 para agilizar y mejorar los procedimientos de ejecución existentes; reforzar las estructuras de gestión para asegurar un análisis eficiente y adecuado de la viabilidad de los proyectos, e implicar al sector financiero para ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas”.